domingo, 8 de septiembre de 2013

Política y Sexualidad

La sexualidad y las prácticas sexuales –el homoerotismo y las sexualidades no normativas - parecen, a priori, un asunto privado y de poca importancia, que sucede en la intimidad y que están lejos de las políticas públicas.

Esta idea aparece junto con otras, como la de que la sexualidad fuese una fuerza natural que existe con anterioridad a la vida social y que da forma a las instituciones; como si fuera algo inmutable, asocial y transhistórico; o la de que el sexo como propiedad de los individuos, que reside en sus psiques y sus hormonas. Estas concepciones erróneas aparecen enraizadas en la cultura occidental, de forma que no se cuestiona la sexualidad, y reaparecen en diferentes momentos históricos con diferentes formas culturales. Comparten estatus de asunto periférico con otros asuntos de género, como son el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y el reconocimiento de su autonomía en función de demandas relacionadas con la sexualidad y la reproducción, etc. 

De la misma manera, esto sucede también en las sexualidades no normativas: homosexuales, intergeneracionales, sadomasoquistas, no monógamas, etc. Las prácticas sexuales privadas de un ciudadano o ciudadana no presuponen la conciencia o intencionalidad de desequilibrar el orden establecido. Sin embargo, la mera existencia de estos comportamientos desafía el orden establecido; un dictado que presupone que todo ciudadano es por definición heterosexual y varón.

La sexualidad dista de ser un asunto privado que se practica en la intimidad; ha estado siempre presente para los actores políticos, encargados de regular el comportamiento de la ciudadanía, como son los estados, las religiones, la medicina, el sistema educativo, los medios de comunicación, etc. Estas instituciones han dado lugar a prácticas institucionalizadas específicas, como son confesión, hospitalización, tratamiento psiquiátrico, escolarización, encarcelamiento, información, etc. 

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